Elecciones 2025: así funcionará el silencio electoral en Honduras
A partir del lunes 25 de noviembre y hasta el viernes 29 del mismo mes, entrará en vigor el silencio electoral, según lo establece el artículo 223 de la Ley Electoral. Durante estos días, los partidos políticos y los candidatos quedan prohibidos de realizar actividades proselitistas, como caravanas, concentraciones o cualquier evento de promoción de su candidatura.
Asimismo, no se podrán difundir mensajes o campañas con la intención de inducir el voto. Sin embargo, sí estará permitido transmitir propuestas y programas de gobierno a través de los medios autorizados, garantizando que la información llegue a la ciudadanía de manera legal y transparente.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podría conllevar multas de hasta 50 salarios mínimos. La institución también recordó que todas las fuerzas políticas deben respetar estas normas para preservar la legalidad del proceso.
Candidatos presidenciales
Los aspirantes a la Presidencia de la República en las elecciones del 30 de noviembre son:
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Salvador Nasralla – Partido Liberal
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Nelson Ávila – PINU-SD
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Mario Rivera – Democracia Cristiana
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Rixi Moncada – Libre
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Nasry Asfura – Partido Nacional
Más de 6.5 millones de hondureños están habilitados para ejercer su derecho al voto, y el CNE supervisará el cumplimiento de las normas y del calendario electoral en todo el país.
Desafíos y contexto histórico
A pesar de que la Ley Electoral establece claramente las fechas de campaña y silencio electoral, existen vacíos legales sobre la publicidad política en redes sociales, lo que representa un reto para la fiscalización en los días previos a las elecciones.
Desde la restauración del orden constitucional en 1980, Honduras ha celebrado doce elecciones generales. En ese periodo, el Partido Liberal ha ganado cinco comicios, el Partido Nacional cinco y Libre una, con Xiomara Castro como presidenta.
El respeto a los periodos de campaña y silencio electoral es fundamental para garantizar un proceso transparente, fortalecer la democracia y asegurar que los ciudadanos ejerzan su voto con información y libertad.
